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Nueva concentración en Almería el día 22 contra los recortes en Justicia y la reforma anunciada

ALMERÍA.- Los funcionarios de la Administración de Justicia van a protagonizar una nueva movilización en Almería contra los recortes y en defensa del servicio público. En esta ocasión la convocatoria, que se va a llevar a cabo en todo el Estado, tendrá lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia entre las 11,30 y las 12 horas de mañana miércoles, 22 de mayo.

Motivos de la movilización:

El Ministro Gallardón sigue empeñado en reformar en profundidad la Administración de Justicia imponiendo su idea privatizadora de los servicios públicos, poniendo en grave riesgo el empleo público y el acceso gratuito de los ciudadanos a la Justicia. Al proyecto -actualmente suspendido, pero no descartado- de privatización del Registro Civil, se unen otras medidas que de aprobarse afectarán negativamente a nuestras condiciones de trabajo y pone en grave riesgo el servicio y el empleo público:

Privatización del Registro Civil, entregándolo a los Registradores de la Propiedad. El Ministerio ha parado temporalmente este proyecto, pero no lo ha descartado definitivamente. Si se aprueba, se perderán 3.000 puestos de trabajo en la plantilla de la Administración de Justicia, 3.000 puestos a los que ya no podremos acceder en concursos de traslado.
Privatización de funciones procesales, el gobierno ya ha aprobado un anteproyecto por el que atribuye a los procuradores funciones públicas que sólo los funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia deberíamos desempeñar, con riesgo de cierre o disminución de plantilla en los Servicios Comunes y en las plazas de Auxilio.
Supresión de los partidos judiciales y dejar los órganos judiciales sólo en las capitales, cargándolos de competencias pero sin incrementar su personal. Pretende suprimir todos los juzgados, incluidos los juzgados de Paz, y las Audiencias provinciales, con el consiguiente riesgo de pérdida de puestos de trabajo y reordenación de efectivos incluso con movilidad geográfica forzosa.
Ley de Tasas, ya aprobada, que limita el acceso gratuito a la justicia a todos, incluidos los funcionarios públicos cuando pretendamos defender nuestros derechos laborales. A partir de ahora tenemos una Justicia para ricos y otra para pobres. La disminuciónde la litigiosidad no busca acelerar la Justicia, sino ahorrar en puestos de trabajo, a costa de restringir el acceso a la Justicia vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de muchos ciudadanos.
Ley de Enjuiciamiento Criminal asignaría la investigación penal a los Fiscales por lo que además de motivar posibles reordenaciones de efectivos e incluso pérdida de puestos de trabajo, no asegura las retribuciones por guardias de disponibilidad, de permanencia, de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de 24 horas.

Desde el año 2010 hemos sufrido toda clase de atracos a nuestros salarios y a nuestros derechos. Lo que se nos avecina con las reformas del Ministerio puede ser mucho peor, pues todas esas reformas, si llegan a aprobarse, llevarán necesariamente a una peligrosa pérdida de empleo público, de puestos de trabajo que ahora ocupamos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. No son sólo retribuciones, es mucho más lo que hemos perdido, y más lo que perderemos si el Ministerio no rectifica su política.

SALUDOS

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