Fecha: 21/04/2010
(EFE).- Las once comunidades autónomas con competencias en Justicia han trasladado hoy al ministro Francisco Caamaño los conclusiones de la Declaración de Pamplona, en la que se acordó reclamar el traspaso de competencias de personal y una reforma de la asistencia jurídica gratuita.
A la reunión con el ministro ha asistido por Navarra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, que fue quien solicitó este encuentro tras la Comisión de Coordinación de las CCAA celebrada en enero en Pamplona y en la que se consensuó la citada declaración.
Un texto que esta tarde también será analizado en la comisión conjunta que integran el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y los consejeros de las comunidades con competencias transferidas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana).
La declaración de Pamplona recoge el convencimiento de estas comunidades de que para lograr el éxito en el proceso de la implantación de la nueva oficina judicial es preciso "avanzar con profundidad y decisión" en el traspaso "real" de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal de la Administración de Justicia, "sin menoscabo del carácter nacional de los diferentes cuerpos de funcionarios".
Por ello consideran que en caso contrario el nuevo modelo de oficina judicial se pone "en serio riesgo" y de ahí que soliciten a la Administración del Estado que lidere el proceso y emprenda "a la mayor brevedad" el citado proceso de transferencia, al tiempo que subrayan en la Declaración la "necesidad perentoria de que impulse la reforma" de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.
Durante su estancia en Madrid, Javier caballero ha asistido además al acto de firma del convenio IUS+RED, que establece un marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, del Programa Ius+Red.
Esto permitirá sentar las bases del desarrollo tecnológico previsto en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.
Próximamente, el Estado suscriba convenios con las comunidades con competencias de Justicia para cofinanciar actuaciones en el ámbito procesal, de interoperabilidad y de difusión.
De esta forma el Ministerio entiende que se podrá "completar el mapa de todas las administraciones implicadas en el ámbito judicial, unificar esfuerzos y avanzar, de forma consensuada y por todo el territorio nacional, hacia un modelo de Administración de Justicia ágil y tecnológicamente avanzado, que preste mayor y más eficaz servicio al ciudadano". EFE
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