Antonio F. de la Gándara / Las Palmas de Gran Canaria
La antigua magistratura de trabajo, la jurisdicción social, está al borde del colapso en Las Palmas y precisa de la inmediata creación de al menos cuatro nuevos juzgados y una nueva sala de apelaciones para recuperar su pulso normal.
Este es el panorama que pintan los abogados isleños especializados en la jurisdicción social, que han aprovechado el día del trabajo para hacer público un manifiesto que denuncia la situación y exige medidas urgentes para paliarla. «De lo contrario», advierte el escrito, «el daño social y el perjuicio para la Justicia y para su credibilidad será difícilmente reparable».
El escrito de los letrados, refrendado por 50 de los comités de empresa más importantes de la provincia, se apoya en datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial para dar cuenta de la gravedad de la situación: una media de 1.300 asuntos para cada uno de los nueve juzgados de la provincia y 3.320 asuntos pendientes de resolución en la Sala de lo Social, el órgano encargado de las apelaciones.
«Empezar a poner remedio a esta situación exige la creación de al menos cuatro nuevos juzgados de lo Social en Las Palmas de Gran Canaria y la segunda sección de la Sala de lo Social del Tribunal Superior», estiman.
El colectivo afirma estar «indignado» y «animado a rebelarse» y asegura que el actual panorama, la «precarización de la jurisdicción social», constituye «parte esencial del desmantelamiento y liquidación de la rama social del derecho. Afirman que en lugar de mejores, se incrementan las carencias: «se suprimen los jueces de refuerzo, se anulan las comisiones de servicio, la nueva oficina judicial sigue deambulando en el sueño de los justos...», asevera.
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