G.J., S/C de Tenerife
Los sindicatos de Justicia denunciarán hoy el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias del acuerdo firmado en 2006 por el cual se aseguraba que a partir del 1 de enero de 2011 el personal de auxilio, tramitación y gestión de esta administración comenzaría a cobrar un complemento económico específico.
Según anunció ayer el presidente de la Junta de Personal de Justicia, Gregorio Pérez, en 2006, tras una huelga de los funcionarios, el Ejecutivo canario llegó a un acuerdo con los sindicatos en el que se comprometía a "la apertura de los registros civiles por las tardes", para evitar los colapsos; "aumentar el plus que recibían los funcionarios de los juzgados de violencia del género, aumentar el personal de los juzgados de lo penal y a establecer el criterio de trabajo de la Nueva Oficina Judicial".
Otro de los aspectos que se contemplaron en el acuerdo era cumplir con lo establecido por ley de remunerar la titulación de los trabajadores. Para ello, y dada la situación económica que se avecinaba, Ejecutivo y sindicatos acordaron suspender el pago durante tres años, y que este comenzase a cobrarse en 2011.
"En el caso de que la situación económica siguiera siendo complicada, establecimos que se continuaría con la garantía de esa remuneración, pero se nos pagaría cuando se superara la crisis", explicó Gregorio Pérez, quien señaló que el pasado noviembre el Gobierno canario "nos aseguró que este acuerdo se mantendría".
Pese a la promesa, el pasado 28 de abril, en una reunión con los sindicatos el Ejecutivo anunció que "los importes asegurados a fecha 1 de enero de 2011 de 500, 536 y 572 euros mensuales de Complemento Específico para los Cuerpos de Auxilio, Tramitación y Gestión, respectivamente, están en suspenso, y que su efectividad no genera efectos retroactivos", destaca el manifiesto de los representantes.
Otro de los aspectos del acuerdo que no se han cumplido, es el establecimiento de los puestos de trabajo de la Nueva Oficina Judicial, que se iba a implantar de forma piloto en Arrecife y Arona. Por este motivo, Pérez asegura que, "por tercera vez, el Gobierno miente con la inmediata puesta en funcionamiento de la oficina judicial, pues si no está regulado cómo se trabaja dentro, no se podrá comenzar a instalar".
Este incumplimiento, que ha provocado gran desconfianza entre los funcionarios, ha provocado que los sindicatos hayan comenzado a estudiar diversas medidas de presión, entre ellas, paros laborales.
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