CSI●F JUSTICIA INFORMA
El nuevo equipo que ha llegado al Ministerio de Justicia con el cambio de Gobierno no se está escondiendo precisamente. Si el jueves el subsecretario, Juan Bravo, venía a Burgos para anunciar que Audiencia y TSJ compartirían el Palacio de la Isla, ayer lo hacía el secretario general, Joaquín Silguero, para prometer reformas «profundas» en la Nueva Oficina Judicial. No dio muchos detalles, pero sí uno que los funcionarios valoraron de forma positiva, el cambio del programa informático Minerva, del que dijo que «funciona mal y no da más de sí». La implantación de un nuevo sistema tardará como mínimo un año, les comunicó a los trabajadores, según señaló a este periódico Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal por el sindicato STAJ.
Joaquín Silguero visitó Burgos junto al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde. Al margen de entrevistarse con los funcionarios también lo hicieron con el secretario de Gobierno del TSJ, Ildefonso Ferrero; el secretario coordinador provincial, José Luis Gómez, y los directores de los Servicios Comunes Procesales y los representantes de las Unidades de Apoyo Directo a los jueces.
Los representantes de los empleados públicos les explicaron que «si no se cambia el modelo» habrá que acometer «una ampliación de plantilla sustancial, pues dado el tiempo transcurrido ya no se puede argumentar que es un problema coyuntural». Joaquín Silguero les avanzó que los 23 refuerzos que prestan labores de apoyo a la oficina judicial serán renovados a finales de mes por otros dos meses más.
Los funcionarios le recordaron que en la actualidad, incluso con el personal interino existente, «no se da abasto para satisfacer las necesidades que requiere un servicio de público de calidad y que es completamente necesario en estos tiempos de crisis». La comitiva ministerial que acudió a Burgos les pidieron «paciencia» ante de la situación económica. Reconocieron que el Gobierno «pide recortes», pero entienden que la «Nueva Oficina Judicial es prioritaria, por lo que van a intentar que afecten lo menos posible».
Tal como avanzó este periódico, también les han informado de que el expediente judicial digital queda aparcado por ahora «dada la poca disponibilidad presupuestaria y la mala experiencia en la Audiencia Nacional, que tendrán que mejorar». Según los primeros planes del anterior Gobierno, el papel debería haber desaparecido ya en alguna jurisdicción burgalesa. En concreto, en enero de este año iban a estar la mayoría de expedientes escaneados. Pero no ha sido así y la iniciativa se aplaza sine die.
Al margen de reunirse con los responsables de la gestión de la oficina, también lo hicieron con el presidente del TSJ, José Luis Concepción; el presidente de la Audiencia; Juan Miguel Carreras; la jueza decana, Blanca Subiñas; el fiscal jefe superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo; el fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, y el abogado del Estado, Luis Serrano de Toledo.
Joaquín Silguero visitó Burgos junto al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde. Al margen de entrevistarse con los funcionarios también lo hicieron con el secretario de Gobierno del TSJ, Ildefonso Ferrero; el secretario coordinador provincial, José Luis Gómez, y los directores de los Servicios Comunes Procesales y los representantes de las Unidades de Apoyo Directo a los jueces.
Los representantes de los empleados públicos les explicaron que «si no se cambia el modelo» habrá que acometer «una ampliación de plantilla sustancial, pues dado el tiempo transcurrido ya no se puede argumentar que es un problema coyuntural». Joaquín Silguero les avanzó que los 23 refuerzos que prestan labores de apoyo a la oficina judicial serán renovados a finales de mes por otros dos meses más.
Los funcionarios le recordaron que en la actualidad, incluso con el personal interino existente, «no se da abasto para satisfacer las necesidades que requiere un servicio de público de calidad y que es completamente necesario en estos tiempos de crisis». La comitiva ministerial que acudió a Burgos les pidieron «paciencia» ante de la situación económica. Reconocieron que el Gobierno «pide recortes», pero entienden que la «Nueva Oficina Judicial es prioritaria, por lo que van a intentar que afecten lo menos posible».
Tal como avanzó este periódico, también les han informado de que el expediente judicial digital queda aparcado por ahora «dada la poca disponibilidad presupuestaria y la mala experiencia en la Audiencia Nacional, que tendrán que mejorar». Según los primeros planes del anterior Gobierno, el papel debería haber desaparecido ya en alguna jurisdicción burgalesa. En concreto, en enero de este año iban a estar la mayoría de expedientes escaneados. Pero no ha sido así y la iniciativa se aplaza sine die.
Al margen de reunirse con los responsables de la gestión de la oficina, también lo hicieron con el presidente del TSJ, José Luis Concepción; el presidente de la Audiencia; Juan Miguel Carreras; la jueza decana, Blanca Subiñas; el fiscal jefe superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo; el fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, y el abogado del Estado, Luis Serrano de Toledo.
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