CSI●F JUSTICIA INFORMA
Finaliza el plazo dado por la Xunta para que el alcalde ponga los terrenos para poder construir el nuevo edificio judicial. La Consellería de Xustiza tiene encima de la mesa otras alternativas para evitar el colapso judicial
El plazo vence hoy y el alcalde sigue plantado en negarse a cumplir un acuerdo que ya había aceptado por escrito, empeñando en boicotear la construcción de la Ciudad de la Justicia al no ceder los terrenos necesarios, al igual que otros proyectos metropolitanos en marcha como el nuevo hospital 'Álvaro Cunqueiro' y la ley de creación del organismo del Área de Vigo, que hoy recibirá vía libre en comisión parlamentaria antes de ir a pleno para su ratificación definitiva, con el probable voto en contra de PSOE y BNG.
Si no hay un cambio de última hora desde la Alcaldía, que no se espera, Vigo perderá definitivamente la Ciudad de la Justicia y los 15 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Xunta para 2012. La Consellería de Xustiza ya avisó en varias ocasiones que si no hay movimiento, tendría que destinar ese dinero a otras iniciativas urgentes en Galicia donde no hay obstáculos.
No obstante, como ya informó este diario, Xustiza tiene encima de la mesa al menos dos alternativas para al menos evitar el colapso de la administración de Justicia por falta de espacio para las nuevas dotaciones. De momento, como medida urgente, la Xunta ha decidido abrir el Registro Civil en un edificio rehabilitado en la antigua Ferrería, lo que permitirá disponer de unos metros libres en la calle Lalín. Y además, tiene encima de la mesa una oferta para alquilar buena parte de los 40.000 metros cuadrados libres en el edificio de oficinas construido por la empresa de Fernández Alvariño en la avenida de Madrid y que está vacío salvo la planta baja, ocupada por la grúa y de propiedad municipal. Al parecer, el Gobierno gallego no es partidario de esta opción por dos motivos: porque tendría efectos sobre la contabilidad y el déficit público de Galicia y porque supondría renunciar a la Ciudad de la Justicia, un proyecto arquitectónico coherente y anexo a las dos sedes judiciales de la calle Lalín que ha aplaudido la comunidad judicial como la mejor solución.
'PIERDE VIGO'
Como explicaron los arquitectos, Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera, 'la principal víctima es la ciudad, pierde Vigo y pierden los ciudadanos'.
Este proyecto permitiría abrir un total de 12 oficinas judiciales y 11 salas de vistas en 10.000 metros cuadrados, así como una amplia zona verde.
Otra posibilidad pasaría por un intercambio por el que la Agencia Tributaria, en la calle Lalín, dejaría su espacio a los juzgados para mudarse a otro lugar.
Con esta fórmula se podrían concentrar todos los servicios judiciales en el mismo espacio, como planteaba el proyecto. Para ello se exige un complicado acuerdo entre los ministerios de Economía y Justicia y con la Xunta, que tendría que poner un edificio a su vez para la delegación metropolitana de Hacienda.
No obstante, como ya informó este diario, Xustiza tiene encima de la mesa al menos dos alternativas para al menos evitar el colapso de la administración de Justicia por falta de espacio para las nuevas dotaciones. De momento, como medida urgente, la Xunta ha decidido abrir el Registro Civil en un edificio rehabilitado en la antigua Ferrería, lo que permitirá disponer de unos metros libres en la calle Lalín. Y además, tiene encima de la mesa una oferta para alquilar buena parte de los 40.000 metros cuadrados libres en el edificio de oficinas construido por la empresa de Fernández Alvariño en la avenida de Madrid y que está vacío salvo la planta baja, ocupada por la grúa y de propiedad municipal. Al parecer, el Gobierno gallego no es partidario de esta opción por dos motivos: porque tendría efectos sobre la contabilidad y el déficit público de Galicia y porque supondría renunciar a la Ciudad de la Justicia, un proyecto arquitectónico coherente y anexo a las dos sedes judiciales de la calle Lalín que ha aplaudido la comunidad judicial como la mejor solución.
'PIERDE VIGO'
Como explicaron los arquitectos, Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera, 'la principal víctima es la ciudad, pierde Vigo y pierden los ciudadanos'.
Este proyecto permitiría abrir un total de 12 oficinas judiciales y 11 salas de vistas en 10.000 metros cuadrados, así como una amplia zona verde.
Otra posibilidad pasaría por un intercambio por el que la Agencia Tributaria, en la calle Lalín, dejaría su espacio a los juzgados para mudarse a otro lugar.
Con esta fórmula se podrían concentrar todos los servicios judiciales en el mismo espacio, como planteaba el proyecto. Para ello se exige un complicado acuerdo entre los ministerios de Economía y Justicia y con la Xunta, que tendría que poner un edificio a su vez para la delegación metropolitana de Hacienda.
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