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miércoles, 2 de abril de 2014

El CSIF valora que Montoro aumente la promoción interna de funcionarios

CSI●F      JUSTICIA      INFORMA

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El CSIF valora que Montoro aumente la promoción interna de funcionarios


El presidente del CSIF, Miguel Borra, ha considerado hoy positivo el anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que habrá una oferta adicional de empleopúblico porque ha dicho que permitirá que puestos de jubilados no se amorticen y sirvan para la promoción interna.



Madrid, 1 abr.- El presidente del CSIF, Miguel Borra, ha considerado hoy positivo el anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que habrá una oferta adicional de empleo público porque ha dicho que permitirá que puestos de jubilados no se amorticen y sirvan para la promoción interna.

Borra ha valorado de esta forma ese anuncio en declaraciones a los periodistas, tras asistir al acto en el que Montoro ha hecho ese avance, la presentación del informe de la OCDE sobre la reforma de las administraciones públicas en España.

El dirigente de CSIF ha señalado que el anuncio del ministro va en la línea positiva, ya que aunque les sigue pareciendo insuficiente, aumentar la oferta de empleo público es una de las reivindicaciones de su sindicato.

"Hay que situar al empleado público en el centro de la administración de los servicios públicos, y es el capital humano uno de los principales activos que tenemos", ha añadido.

En esa línea, ha recordado que el CSIF ha solicitado que no se amorticen las plazas del personal que se vaya jubilando, sino que se vayan guardando, como se va a hacer ahora, para la promoción interna.

No obstante, ha insistido en que siguen reclamando un plan auténtico de recursos humanos que fije el número exacto de empleados públicos necesarios.

Borra ha señalado que los funcionarios han sufrido muchas pérdidas de decenas de miles y los empleados públicos no se lo pueden permitir más.

Además, ha explicado que ha trasladado tanto a la vicepresidenta delGobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como a Montoro la necesidad de reactivar el diálogo social en las administraciones publicas y ha dicho que espera una respuesta positiva en breve.

"El anuncio del ministro es positivo y vamos a seguir trabajando para que las administraciones públicas no pierdan más puestos de trabajo", ha añadido.

(Agencia EFE)


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jueves, 31 de enero de 2013

CSIF exige al Gobierno que "tome nota y rectifique" y devuelva la paga extra

CSI●F      JUSTICIA      INFORMA

CSIF exige al Gobierno que "tome nota y rectifique" y devuelva la paga extra

Imágenes integradas 1Madrid, 30 ene (EFE).- El sindicato de funcionarios CSIF exige al Ejecutivo que "tome note" de los argumentos de la Audiencia Nacional sobre la posible inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra a los funcionarios y "rectifique cuanto antes".
El portavoz del CSIF, Juan José Carral, aseguró hoy a EFE que si el Gobierno no devuelve la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos, va a encontrarse con un "chorreo incesante de reclamaciones, al retirar de manera ilegal la eliminación de esta paga".
Carral ha valorado la providencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que duda de la constitucionalidad de la supresión de esta nómina extraordinaria acordada por el Gobierno en julio, por lo que el tribunal ha acordado preguntar a las partes y a la Fiscalía si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta medida.
CSIF espera que finalmente se plantee una cuestión de inconstitucionalidad ya que en su opinión el decreto del Gobierno vulnera las garantías constitucionales que garantizan la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo la retirada de la paga extra.
El sindicato considera que el decreto "tiene un carácter confiscatorio inadmisible en un Estado de Derecho".
Carral ha dicho que la Audiencia Nacional apoya los argumentos esgrimidos por CSIF ya que el decreto del Ejecutivo afecta a los derechos individuales de las personas al eliminar una paga que es un pago diferido que se va devengando día a día.
Ha recordado que existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo sobre la supresión retroactiva de este tipo de pagos diferidos y que considera inconstitucional y ha añadido que tanto CSIF como el resto de sindicatos se han dirigido a la Defensora del Pueblo y a los grupos parlamentarios para que promuevan más cuestiones de este tipo.

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miércoles, 9 de enero de 2013

Miguel Borra: "Ha bajado el absentismo en el sector público" | Sonido | Cadena SER

Miguel Borra: "Ha bajado el absentismo en el sector público" | Sonido | Cadena SER: ""




El porcentaje de absentismo en el sector público a lo largo del último trimestre fue del 1,75
por ciento, respecto al 1,76 del sector privado, según datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística. Para la  Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, estos datos
demuestran que las recientes medias impulsadas por el Gobierno están injustificadas y
absolutamente fuera de lugar y reclama que se elimine esta penalización.
De hecho, en el mismo periodo del año pasado (segundo trimestre de 2011) la diferencia
entre ambos sectores ya era mínima, en concreto, 2,09 por ciento en el sector público
respecto al 2,04 del privado.
La instrucción de Jornada y Horarios, publicada el pasado 29 de diciembre, penaliza con
reducción de retribuciones las situaciones de baja que no comporten incapacidad temporal
(las enfermedades leves, como catarros o lesiones que no requieren baja médica).CSI-F
entiende que esta orden es una  nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los
empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en
la administración. Por otra parte, las medidas sobre la incapacidad temporal, entraron en
vigor el 15 de octubre.
Los datos del INE desmontan esta  tesis y evidencian que las ausencias al trabajo por
enfermedad, accidente o incapacidad temporal son muy similares en ambos sectores.
Además, el descenso en el absentismo se debe fundamentalmente a la situación
económica que atraviesa el país.
Por otra parte, es preciso llamar la atención en que los nuevos criterios del Gobierno van a
dar lugar a situaciones indeseadas, dado que por no perder dinero de su nómina,
empleados públicos como médicos, policías, o profesores van a acudir a su puesto de
trabajo en condiciones físicas mermadas o, por ejemplo, con los síntomas de un catarro,
como fiebre o malestar.
Según CSI-F, las administraciones tienen instrumentos para perseguir a aquellas personas
que de manera injustificada se ausentan del trabajo y por tanto, no es necesario que
vuelvan a pagar justos por pecadores.  En este sentido, CSI-F propondrá el impulso de
criterios objetivos para evaluar la productividad de los empleados públicos, así como un
nuevo plan de reordenación de empleo, en el marco  de la futura reforma de la
Administración Pública que prepara el Gobierno.

Los actores del cambio que se planea en el sector público

CSI●F      JUSTICIA      INFORMA

Expansión - Martes, 08-01-2013
La reforma de las Administraciones Públicas contará con el asesoramiento de expertos, sindicatos y patronales. El Gobierno ha creado una comisión que contará de entrada con el catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. También asesorarán al Gobierno la patronal CEOE, Cepyme, UGT, CCOO y el sindicato de empleados públicos CSIF. Los agentes sociales serán los que decidirán quiénes serán los que defenderán su postura sobre el modelo de Estado en La Moncloa.

Los fichajes que se conocen por ahora dejan entrever que el Gobierno escuchará visiones muy distintas antes de cerrar una reforma que tiene como misión recuperar el crédito de la eco­nomía española. En primer lugar, el catedrático Tomás Ramón Fernández ha sido muy crítico con el funcionamiento del sistema autonómico actual. De hecho, ha llegado a defender que podría ser necesaria la reforma de la Constitución. En una jornada de FAES aseguró que el actual modelo territorial "se construyó a empellones, atropelladamente y al margen de toda reflexión" y que "la reforma del modelo territorial tiene que ser del título octavo entero de la Constitución". "El objeto es un modelo que puede seguir siendo el de las autonomías, pero debidamente corregido", señaló el pasado verano en el Campus del thing tank delPP.

También tendrá que oír las contrapuestas visiones de los agentes sociales: mientras que CEOE es partidaria de adelgazar la plantilla de funcionarios, los sindicatos se han mostrado radicalmente en contra de los cambios en la reforma laboral que permiten hacer un ERE con la indemnización mínima en el sector público, una posibilidad que no existía.

En cambio la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ya ha confirmado su participación, tendrá que hacer valer la voz de aquellos ciudadanos que escriban al Gobierno en el buzón que se ha abierto para la ocasión. No obstante, también se contará con Cepyme, la patronal de pequeñas empresas, y con el Consejo de Consumidores para saber la opinión de las pymes y de los clientes sobre las trabas burocráticas.

Que la reforma de las administraciones es una de las mayores reclamaciones de los ciudadanos al Ejecutivo se observa bien porque el Gobierno recibió más de 150 opiniones pocas horas después de abrir un buzón para recibir propuestas de los españoles sobre el tema.

El Gobierno no descarta pedir a nuevos expertos que colaboren en la reforma de las administraciones públicas. La propia comisión tendrá potestad para llamar a nuevos asesores dependiendo de los temas que se aborden en cada sesión.

  • Imágenes integradas 1Jaime Pérez Renovales. Secretario de la Comisión Nacional y Subsecretario de la Presidencia


Profesor. Dr. Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Catedrático de Derecho Administrativo, hoy en la Universidad Complutense de Madrid. Rector de la UNED desde Enero de 1.978 a Noviembre de 1.982




  • Imágenes integradas 3Pilar Platero Sanz (Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas)

Soledad Becerril Bustamante es desde el 23 de julio de 2012 la Defensora del Pueblo. 
  • Imágenes integradas 3Presidente de la CEOE
  • CCOO
  • UGT
  • CSI●F  





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Las claves de la reforma de la Administración que prepara el Gobierno

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La reforma de la administración pública se prepara para después de Semana Santa, a principios de abril, y debería concluir, según el diario Expansión, antes del 30 de junio. Siguiendo las recomendaciones de Bruselas, la reforma pasaría por reducir las trabas burocráticas y reordenar servicios generales y reordenación de la función pública. Entre otras iniciativas, se pasaría por la publicación de un único boletín (el equivalente al BOE) para publicar las regulaciones de las autonomías. El Estado también tutelaría el cierre de las empresas y organismos públicos, duplicados, de las Comunidades Autónomas.
Según el diario Expansión, que cita fuentes gubernamentales, el Gobierno pretende avanzar hacia la centralización de la gestión de los servicios generales y "se obligará a las comunidades y ayuntamientos a tener una estructura administrativa más transparente".
De momento, los trabajos están todavía en primera fase pero se estudian realizar cambios legislativos que permitan opciones como que los trámites municipales para abrir un negocio puedan hacerse a posteriori. Y según Expansión, también se estudia que los inspectores de Hacienda "evalúen aleatoriamente los contratos públicos de los ayuntamientos, que durante años han escondido prácticas que chocan con la libre competencia". El objetivo es, entre otros, reconquistar la confianza del exterior, donde tanto se ha criticado el modelo territorial de España.
La Comisión que estudia todas estas alternativas la preside el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y se centra así en cuatro ejes: detección y eliminación de las duplicidades, reforma de la administración institucional, eliminación de las trabas burocráticas, gestión de medios y servicios generales. En la mesa, se mira de cerca el modelo de Canadá cuyas provincias poseen una autonomía fiscal del 85%.
Otra de las apuestas del Gobierno es desterrar la morosidad en el pago a proveedores, quiere convertir en obligatorio el pago en los plazos estipulados. El ejecutivo quiere suprimir la práctica de las "facturas en los cajones".
LA REFORMA PARA LOS AYUNTAMMIENTOS SERÁ LA PRIMERA
Según Expansión, la reforma que está más cerrada porque ya cuenta con el acuerdo del PP y "buena parte del PSOE", es la reforma de los consistorios que suprimirá mil mancomunidades y permitirá ahorrar 3.500 millones de euros. Además se limitarán las competencias de las administraciones locales y se limitará el sueldo de los alcaldes que, en algunos casos, llegan incluso a cobrar más que el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según Expansión, el Gobierno también quiere dar más poder a las diputaciones y otorgarles la gestión de los municipios que no consigan ser rentables.


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jueves, 29 de noviembre de 2012

Jueces y fiscales protestan hoy en toda España por la «grave» situación de la Justicia

CSI●F      JUSTICIA      INFORMA

www.abc.esJueces y fiscales protestan hoy en toda España por la «grave» situación de la Justicia

Las concentraciones se desarrollarán a las 13,30 horas ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia


Imágenes integradas 2







La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado concentraciones para hoy ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia para protestar por la «grave» situación que atraviesa la Administración de Justicia. Las siete asociaciones, que integran la Comisión Interasociativa, han animado a los miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal a unirse a las protestas que tendrán lugar a la una y media de la tarde ante las sedes judiciales, con excepción de Madrid que se celebrarán a las puertas del Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.
En Canarias, las concentraciones se producirán a las doce y media de la tarde. Las reformas legislativas anunciadas en la Justicia han convulsionado al sector al afectar a su estatuto profesional, a la carga de trabajo de los tribunales y al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha suscitado el malestar de los togados al dejar en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, elevando así la carga de trabajo que soportan los titulares. La nueva ley reduce también los permisos de los jueces, modifica su régimen de licencias por enfermedad o «debilita» su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, según denuncian.

Rechazo unánime

El proyecto que dispara las tasas judiciales también ha recogido el rechazo unánime de los colectivos profesionales que consideran que dificulta el acceso del ciudadano a este servicio público. La Defensora del Pueblo ha comenzado a recibir las primeras peticiones solicitando que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el PSOE ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ha recogido el rechazo de la oposición y todos los colectivos profesionales.
Los jueces y fiscales demandan unánimemente que el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón escuche sus valoraciones y propuestas para mejorar la Administración de Justicia y poner fin al «colapso» y la «sobrecarga de trabajo» que a diario se encuentran en los juzgados y tribunales. Mientras el volumen de litigiosidad aumenta en los órganos jurisdiccionales, España cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de los países de nuestro entorno, según un reciente informe del Consejo de Europa.

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jueves, 18 de octubre de 2012

Los funcionarios quieren asegurarse de que el rescate no implique más recortes

 CSI●F               JUSTICIA INFORMA
El sindicato de funcionarios CSI-F y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) han acordado "trabajar al más alto nivel con las instituciones europeas y el Gobierno español para evitar que un eventual rescate vuelva a incidir sobre las condiciones laborales de los empleados públicos".
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, y el secretario general de la CESI, Klaus Heeger, han mantenido hoy una reunión en Madrid en la que han analizado las consecuencias de la crisis económica sobre los empleados públicos de los diferentes países de la UE y, en concreto, las particularidades del sector español.
Los empleados públicos españoles "ya han pagado parte de las condiciones encubiertas del rescate" en forma de una rebaja salarial, tres congelaciones salariales consecutivas, la retracción de paga extra, pérdida de días de libre disposición, la reducción del sueldo por baja médica y una pérdida de poder adquisitivo de más del 30%.

220.000 empleos destruidos

"Además, en el último año, se ha producido la destrucción de más de 220.000 puestos de trabajo y la Administración es ya el tercer sector que proporcionalmente arrastra una mayor pérdida de empleos, detrás de la Construcción y las Industrias Extractivas", indica CSI-F.
Por eso, CSI-F considera que "ha llegado hora de pasar página a los recortes y afrontar la reforma que necesita la Administración". Así, reclama al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas "que negocien junto a los representantes sindicales un pacto de Estado y un Plan de Recursos humanos realista y acorde a los servicios que merecen nuestros ciudadanos".
Por otro lado, CSI-F ha anunciado que aún no ha decidido si secundará o no la huelga general. Según ha adelantado el presidente del sector de la Administración General del Estado del sindicato, Francisco Camarillo, los órganos de gobierno de CSI-F se reunirán la próxima semana para consensuar su postura ante la huelga.
Asimismo, Camarillo ha recordado que el sindicato no apoya el referéndum sobre los recortes que la cumbre Social viene pidiendo al Gobierno desde hace meses "porque cree que tiene unas motivaciones diferentes".

jueves, 4 de octubre de 2012

Sindicatos denuncian que la Policía Local les "impidió" acceder al Consistorio de Santiago por "decisión" del alcalde

CSI●F               JUSTICIA      INFORMA       



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
   Los sindicatos UGT, CC.OO., CIG y CSIF --como cabezas visibles de una movilización a la que se sumaron 20 organizaciones-- han denunciado este miércoles que la Policía Local les "impidió" la entrada al Ayuntamiento de Santiago por una "decisión" que han tildado de "autoritaria" del propio alcalde, Ángel Currás.
   En declaraciones a los medios, el responsable de la Federación de Ensino de UGT-Galicia, Marcelino Brea, ha censurado que hubo "problemas para acceder" al Pazo de Raxoi "incluso los delegados de personal". "No nos dejaban pasar", ha sostenido, muy crítico con esta "muestra de autoritarismo" que "no corresponde para nada con este siglo y con una democracia que se entiende madura".
   De hecho, ha relatado que en la puerta del Consistorio un agente le requirió no sólo su identificación sino también "un argumentario para pasar". "En ningún ayuntamiento de Galicia se hace", ha sostenido, subrayando que fue "escoltado" hasta la planta superior por "varios números" de la Policía Local.
   También el secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO, Ramiro Otero, ha subrayado que se les "impidió" la entrada "como ciudadanos" a los integrantes de distintos sindicatos y también "a los propios delegados sindicales del Ayuntamiento de Santiago para que no pudiesen ejercer su labor".
"EL AYUNTAMIENTO ES MÍO"
   "Es una decisión del PP, con el alcalde a la cabeza, para que no haya ningún follón", ha interpretado, convencido de "lo va a intentar por la vía antidemocrática de prohibir cualquier acción reivindicativa de los trabajadores". "Uno que ya no existe decía 'La calle es mía' y este alcalde dice 'El ayuntamiento es mío", ha comparado al fallecido Manuel Fraga con Currás, al que ha recriminado que "parece que aquí entra quién a él le da la gana".
   En la misma línea, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, quien ha lamentado que se "impidiera" la entrada pese a "tener mecanismos" para impedir el posterior encierro en caso de que se decidiese llevarlo a cabo. "Lo que no se puede hacer, y es muy común en el PP, es pensar que las dependencias públicas son tu patrimonio", ha juzgado, contrario a esta forma de actuar "autoritaria y represiva".
   "Piensan que están en su casa privada y restringen el acceso a aquellas personas que no les son gratas", ha evidenciado, para advertir de que esta postura es "totalmente inadmisible y antidemocrática". "No tienen ningún argumento para impedirnos la entrada", ha sostenido.
   A mayores, el secretario de Acción Sindical de CSIF, José Brunete, ha subrayado que después de "46 años viviendo en esta ciudad", toda su vida, "nunca" llegó a "imaginar" que "el alcalde" le impediría "la entrada en la casa del pueblo".

MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES

   El objetivo de la presencia de los sindicatos en el Pazo de Raxoi era celebrar una asamblea para decidir si mantenían un encierro de 24 horas en dependencias municipales a modo de protesta por los recortes a los funcionarios, como se ha realizado en distintos organismos públicos de toda Galicia.
   "Para seguir denunciando la situación de precariedad de los trabajadores públicos, con recortes, congelación salarial y supresión de pagas", ha relatado Ramiro Otero, quien ha criticado que "Feijóo ha bendecido" unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que hacen prever nuevos recortes.
   En estos aspectos ha profundizado Anxo Louzao, para quien los funcionarios están siendo "saqueados" en sus "derechos sociales y laborales" y también porque les están "robando parte" de su salario "todos los meses". "Queremos que la sociedad sepa que cuando defendemos nuestros derechos, estamos defendiendo unos servicios públicos que tienen que ser garantes de la igualdad de oportunidades", ha proclamado.
   "Estamos haciendo un llamamiento para que la sociedad se sensibilice con el mantenimiento de los servicios, que tenemos tras muchos años de lucha y de trabajo", ha expresado Marcelino Brea, quien también ha advertido de que los PGE, que todavía tienen que ser aprobados por el Congreso, serán "muy restrictivos".
   No se ha olvidado tampoco de censurar que los funcionarios están siendo "vilipendiados" con "permanentes rebajas salariales y recortes de derechos", al igual que ha hecho José Brunete: "estamos sufriendo unas agresiones por parte de este Gobierno que no tienen comparación en toda la historia democrática".
   Y, tras apuntar que, "en los últimos tres años", los funcionarios perdieron"el 30 por ciento" de su poder adquisitivo, ha explicado que esta movilización también pretende "defender" los servicios públicos frente a un Gobierno que pretende "privatizarlos" para "dárselos a la patronal" y, así, "acabar con el Estado del Bienestar".

NO VOTAR AL PP EL 21-O

   En este escenario, el portavoz de la CIG ha advertido a los gallegos de que el 21 de octubre se juegan "mucho". "El primer paso para que terminen estas políticas en contra de los trabajadores públicos y de la sociedad en su conjunto es que el PP pierda la mayoría absoluta", ha defendido, entre críticas a "un gobierno demoledor de todo lo público en beneficio de lo privado".
   "Hay que conseguir por todos los medios democráticos que Feijóo no vuelva a ser presidente", ha remarcado, al considerar que el mandatario gallego "está al frente del ejército de saqueadores" porque"va más allá de lo que establece el Gobierno central a la hora de descontar (sueldo) por estar enfermos".
   También el representante de CC.OO. ha pedido a la ciudadanía gallega que vote "no a quien está aplicando una política contra el bienestar, la educación, la sanidad, el Estado social, la seguridad...". "Y Feijóo ya ha anunciado que seguirá aplicando políticas de recorte para cumplir el déficit", ha avisado.
   Por su parte, el dirigente de CSIF ha criticado los "incumplimientos" del Gobierno y su apuesta por "la privatización de los servicios públicos", mientras que el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Juan Carlos Fernández, ha pedido que se tenga en cuenta que el sistema educativo o sanitario "no existieron siempre" y que el PP hizo "abortar" el denominado cuarto pilar del Estado del Bienestar, la dependencia.
   De hecho, también desde UGT, Marcelino Brea ha hecho hincapié en que"no es baladí" que una veintena de organizaciones hayan sido "capaces" de juntarse en contra de estas medidas "altamente agresivas" contra los trabajadores y los servicios públicos.

martes, 18 de septiembre de 2012

La apertura del Año Judicial se celebra con un nuevo presidente del TS, fiscal general y ministro

CSI●F               JUSTICIA INFORMA

Carlos Dívar no asistirá a la ceremonia que acoge el Tribunal Supremo y en la que Torres-Dulce dará a conocer la Memoria de la Fiscalía

   MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
   El Tribunal Supremo acogerá este martes el solemne acto de Apertura del Año Judicial que en esta ocasión vuelve a ser presidido por el Rey Juan Carlos, quien se ausentó el pasado año por motivos de salud, tras 28 años de asistencia ininterrumpida al evento.
   En esta ocasión el acto supondrá el "estreno" del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, que tomó posesión de su cargo el pasado 23 de julio tras la dimisión de Carlos Dívar por el escándalo por los viajes de fin de semana cargados en parte al presupuesto del Consejo.
   La novedad en la presidencia dota de especial expectación a su discurso, en el que se espera que el nuevo presidente del Poder Judicial exponga sus planes para el órgano de gobierno de los jueces.
   También será la primera apertura del Año Judicial a la que asiste Eduardo Torres-Dulce como fiscal general, y que aprovechará para dar a conocer la memoria de este órgano relativa a 2011. Igualmente, está prevista la presencia del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que también es la primera vez que asiste a este evento como titular del Ministerio de Justicia.
   Al acto han sido también invitados magistrados del alto tribunal, vocales del órgano de gobierno de los jueces, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de Justicia así como dirigentes políticos como los miembros de las Comisiones de Justicia de las Cortes.
   Han confirmado su asistencia los expresidentes del Supremo Francisco José Hernando y Javier Delgado, pero no Carlos Dívar, a quien se le ha cursado la invitación como al resto de expresidentes de la institución.
   Asistirán igualmente a la ceremonia la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala y el vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, junto a varios magistrados del alto tribunal.
   El discurso de apertura será el acto con el que Moliner inicie el nuevo curso judicial, durante el que deberá encarar el malestar que existe entre los jueces por la reforma proyectada por Justicia en el CGPJ, la paralización de algunas reformas y los recortes salariales. El nivel real de enfado se conocerá tras juntas de jueces que se celebrarán en toda España el próximo día 21.
   A mediados del pasado mes de julio, el portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Joaquim Bosch, aseguró que las cuatro asociaciones de jueces y las siete de fiscales estarían de acuerdo con la huelga de jueces si el Gobierno no modifica los recortes salariales a los funcionarios y además.
   No obstante, el nivel real de descontento se conocerá tras la celebración el día 21 de juntas de jueces en toda España y el resultado de estas consultas deberá ser manejado por el CGPJ. En ellas podrían decidirse medidas como concentraciones en las puertas de las sedes judiciales, suspensiones de señalamientos y juicios, y paros parciales.